Manifestación en Madrid contra la reforma de la Constitución Martes 6 de septiembre de 2011 a las 19:00h. Convocada por CCOO, UGT, USO, Intersindical y otras organizaciones sociales.
Recorrido: Cibeles - Puerta del Sol (Madrid). Punto de encuentro de IU (18:30 h.): Paseo del Prado esquina calle Montalbán.
Contra la reforma de la Constitución para introducir un techo de gasto y por la celebración de un referéndum para que l@s ciudadanos podamos decidir sobre dicha reforma.
¿En qué consiste la reforma de la Constitución?
Consiste en impedir prácticamente que haya déficit público y en dar prioridad absoluta al pago de la deuda. Sin déficit será difícil que se pueda crear empleo público, que haya obras públicas que duren varios años o que tengas acceso a la educación y la salud gratuitas y de calidad. La prioridad de la deuda quiere decir que ésta se pagará siempre antes que una pensión
o que una factura de un trabajo hecho para la Administración Pública.
¿Por qué se quiere imponer ahora?
Porque responde al acuerdo entre conservadores y socialistas plasmado en la Unión Europea para imponer políticas neoliberales que sólo favorecen al capital financiero (los bancos, los seguros, los grandes inversores y especuladores: esos son los mercados). Es el llamado consenso de Bruselas, que se quiso imponer con la Constitución Europea. Franceses e irlandeses
votaron en contra. En España, IU pidió el voto NO. El capital financiero quiere asegurarse que va a cobrar el dinero que presta por encima de cualquier otra cosa. Pero la parte más importante de esa deuda se ha originado, precisamente, por ayudar a los bancos y al resto del
capital financiero. El Banco Central Europeo que está actuando como una auténtica cooperativa
de defensa de los intereses financieros privados, impone medidas de recorte del gasto púbico para que exista mayor cantidad de recursos disponibles para las instituciones financieras que, además, reciben créditos a muy bajo interés. Nada de lo que se está haciendo en Europa ayuda a salir de la crisis y sí a salvar a los bancos de sus problemas, que ellos mismos han generado.
El recorte del gasto es la única obsesión. Es verdad que el gasto público hay que racionalizarlo para que sea más eficiente, pero se necesita más y mejor gasto público para salir de la crisis y estimular la economía.
¿Qué consecuencias económicas tendrá?
Los déficits son necesarios y son una buena herramienta de política económica. De hecho, todos recurrimos a él cuando hemos comprado un piso o un coche, que no podemos pagar al contado.
Los Estados utilizan el déficit especialmente en las épocas de crisis para ayudar en la creación de empleo, mejorar las infraestructuras, desarrollar los servicios educativos y sanitarios, hacer inversiones a largo plazo en desarrollo científico y tecnológico, proteger el medio ambiente (piénsese, por ejemplo, en cuanto tiempo tarda en ser rentable una repoblación forestal). España tiene un gran retraso en algunas infraestructuras, en servicios públicos, en atención a la dependencia, en I+D+i, en protección del medio ambiente, en políticas de empleo. Por eso es necesario el déficit.
¿Cómo se paga el déficit?
Cuando el Estado necesita gastar más de lo que ingresa durante unos años se puede recurrir a varios mecanismos. Uno de ellos es imprimir más dinero, como hace la Reserva Federal de Estados Unidos. Pero España no puede hacer eso porque está en el euro y la impresión del dinero depende del Banco Central Europeo.
Se puede también emitir deuda, mediante la forma de letras, obligaciones o bonos. Los inversores la compran y reciben un interés. Ocurre que los inversores (muchos de ellos instituciones financieras salvadas con el dinero de todos nosotros), con la lógica del capitalismo, quieren cobrar los mayores intereses y para lograrlo especulan para debilitar la confianza en un país y por tanto su deuda. Pero el problema de España no es la deuda pública, sino la privada y el hecho de que el Estado está avalando la deuda de los bancos. Es decir, hay inversores que especulan contra la deuda española que el Estado tiene que poner en el mercado precisamente para ayudar a esos inversores.
¿Y no se puede reducir el déficit de otra manera?
Por supuesto que sí, pero se oponen a ello el capital financiero y las grandes empresas. La forma es aumentar los ingresos. Por ejemplo, el objetivo de déficit del Gobierno para este año es que no supere el 6,2% del PIB. Pues bien, la lucha eficaz contra la economía sumergida y el fraude fiscal
podría reportar 7% del PIB; eliminar los regalos fiscales a los más ricos, según el FMI, reportaría 4% del PIB, acabar con subvenciones y exenciones a empresas e instituciones, más del 5% del PIB. Si a esto añadimos mayor justicia fiscal, que las rentas del capital tributen como las del trabajo, que los más ricos paguen más impuestos y que las grandes empresas estén más gravadas que las pequeñas, el déficit estaría controlado sin necesidad de ningún recorte.
¿Y la democracia….?
Junto a los de abajo, la democracia es la principal víctima de esta situación. El Parlamento se ha colocado al servicio de los mercados y estamos ante un auténtico Golpe de Estado económico y social. El consenso constitucional que alumbró una Constitución que no cerraba las posibilidades de políticas progresistas ha sido roto por los patrocinadores de esta reforma. Las medidas que favorecen el Estado del Bienestar han sido expulsadas de la Constitución.
Consiste en impedir prácticamente que haya déficit público y en dar prioridad absoluta al pago de la deuda. Sin déficit será difícil que se pueda crear empleo público, que haya obras públicas que duren varios años o que tengas acceso a la educación y la salud gratuitas y de calidad. La prioridad de la deuda quiere decir que ésta se pagará siempre antes que una pensión
o que una factura de un trabajo hecho para la Administración Pública.
¿Por qué se quiere imponer ahora?
Porque responde al acuerdo entre conservadores y socialistas plasmado en la Unión Europea para imponer políticas neoliberales que sólo favorecen al capital financiero (los bancos, los seguros, los grandes inversores y especuladores: esos son los mercados). Es el llamado consenso de Bruselas, que se quiso imponer con la Constitución Europea. Franceses e irlandeses
votaron en contra. En España, IU pidió el voto NO. El capital financiero quiere asegurarse que va a cobrar el dinero que presta por encima de cualquier otra cosa. Pero la parte más importante de esa deuda se ha originado, precisamente, por ayudar a los bancos y al resto del
capital financiero. El Banco Central Europeo que está actuando como una auténtica cooperativa
de defensa de los intereses financieros privados, impone medidas de recorte del gasto púbico para que exista mayor cantidad de recursos disponibles para las instituciones financieras que, además, reciben créditos a muy bajo interés. Nada de lo que se está haciendo en Europa ayuda a salir de la crisis y sí a salvar a los bancos de sus problemas, que ellos mismos han generado.
El recorte del gasto es la única obsesión. Es verdad que el gasto público hay que racionalizarlo para que sea más eficiente, pero se necesita más y mejor gasto público para salir de la crisis y estimular la economía.
¿Qué consecuencias económicas tendrá?
Los déficits son necesarios y son una buena herramienta de política económica. De hecho, todos recurrimos a él cuando hemos comprado un piso o un coche, que no podemos pagar al contado.
Los Estados utilizan el déficit especialmente en las épocas de crisis para ayudar en la creación de empleo, mejorar las infraestructuras, desarrollar los servicios educativos y sanitarios, hacer inversiones a largo plazo en desarrollo científico y tecnológico, proteger el medio ambiente (piénsese, por ejemplo, en cuanto tiempo tarda en ser rentable una repoblación forestal). España tiene un gran retraso en algunas infraestructuras, en servicios públicos, en atención a la dependencia, en I+D+i, en protección del medio ambiente, en políticas de empleo. Por eso es necesario el déficit.
¿Cómo se paga el déficit?
Cuando el Estado necesita gastar más de lo que ingresa durante unos años se puede recurrir a varios mecanismos. Uno de ellos es imprimir más dinero, como hace la Reserva Federal de Estados Unidos. Pero España no puede hacer eso porque está en el euro y la impresión del dinero depende del Banco Central Europeo.
Se puede también emitir deuda, mediante la forma de letras, obligaciones o bonos. Los inversores la compran y reciben un interés. Ocurre que los inversores (muchos de ellos instituciones financieras salvadas con el dinero de todos nosotros), con la lógica del capitalismo, quieren cobrar los mayores intereses y para lograrlo especulan para debilitar la confianza en un país y por tanto su deuda. Pero el problema de España no es la deuda pública, sino la privada y el hecho de que el Estado está avalando la deuda de los bancos. Es decir, hay inversores que especulan contra la deuda española que el Estado tiene que poner en el mercado precisamente para ayudar a esos inversores.
¿Y no se puede reducir el déficit de otra manera?
Por supuesto que sí, pero se oponen a ello el capital financiero y las grandes empresas. La forma es aumentar los ingresos. Por ejemplo, el objetivo de déficit del Gobierno para este año es que no supere el 6,2% del PIB. Pues bien, la lucha eficaz contra la economía sumergida y el fraude fiscal
podría reportar 7% del PIB; eliminar los regalos fiscales a los más ricos, según el FMI, reportaría 4% del PIB, acabar con subvenciones y exenciones a empresas e instituciones, más del 5% del PIB. Si a esto añadimos mayor justicia fiscal, que las rentas del capital tributen como las del trabajo, que los más ricos paguen más impuestos y que las grandes empresas estén más gravadas que las pequeñas, el déficit estaría controlado sin necesidad de ningún recorte.
¿Y la democracia….?
Junto a los de abajo, la democracia es la principal víctima de esta situación. El Parlamento se ha colocado al servicio de los mercados y estamos ante un auténtico Golpe de Estado económico y social. El consenso constitucional que alumbró una Constitución que no cerraba las posibilidades de políticas progresistas ha sido roto por los patrocinadores de esta reforma. Las medidas que favorecen el Estado del Bienestar han sido expulsadas de la Constitución.